Hoy 1 de abril entra en vigor la segunda convocatoria de la subasta andaluza de medicamentos. En esta convocatoria han sido seleccionados un total de 68 principios activos de 50 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes, entre los que destacan, por ser los más consumidos, los antihipertensivos, antidiabéticos orales, antidepresivos, antiepilépticos, tratamientos para la osteoporosis, fármacos antidemencia, antiinflamatorios, antipsicóticos, antihistamínicos, tratamientos para la hipertrofia benigna de próstata, además de otros tratamientos para el colesterol, antiúlcera péptica o protectores gástricos y antiagregantes plaquetarios, no seleccionados en la primera convocatoria. Los laboratorios que han firmado abarcan 163 medicamentos distintos de 180 marcas diferentes. Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, con este proceso de selección se prevé un ahorro de 84 millones de euros anuales a la administración pública andaluza. Además, hay que sumar el ahorro producido con la primera convocatoria -que afectó a los tres grupos más consumidos de fármacos (protectores gástricos, estatinas e inhibidores de la agregación plaquetaria)-.
En un principio concurrían en esta segunda convocatoria pública de selección de medicamentos impulsada por la Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social 330 principios activos diferentes de 161 subgrupos farmacoterapéuticos y 939 grupos homogéneos. Un total de 17 laboratorios se presentaron a esta segunda convocatoria, de los que fueron seleccionados 13, concretamente Abamed Pharma, Aldo-Unión, Arafarma, Aurobindo, Bausch +Lamb, Durbán Laboratorios, Laboratorio Generfarma, Isomed, KRKA Farmacéutica, Medinsa Thea, Uxapharma y Vir. De éstos 13 firmaron 11, pues ni Aldo-Unión ni Thea se presentaron finalmente a la firma.
La segunda subasta andaluza fue convocada después de que el Tribunal Constitucional levantase la suspensión cautelar que pesaba sobre el Decreto 3/2011, y que en su momento fue solicitada por el Gobierno Central, y ha provocado un tercer recurso, sobre el que hace poco conocíamos que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el conflicto positivo de competencias promovido nuevamente por el Gobierno de la Nación, si bien su providencia no recogía esta vez la paralización de la subasta, ya que en esta ocasión no ha sido solicitada, según parece porque el Gobierno está esperando el Dictamen del Consejo de Estado sobre el Decreto de Medidas Urgentes en Farmacia para solicitar al Constitucional la anulación total del Decreto autonómico, y no solo de las dos licitaciones. A juicio del Gobierno, la resolución andaluza vulnera competencias estatales y modifica la cartera básica común que establece el Estado.
